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Energías renovables: aliadas en un plan de recuperación post Covid-19

La crisis generada por la COVID-19 alrededor del mundo es una crisis sin precedentes en todos los ámbitos de la vida pública, incluido el sector energético. Así lo ha reconocido la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) en su ‘Global Energy Review 2020’, en el cual cuantifica los impactos en el sector energético por las restricciones a la actividad social y económica debido a las medidas de confinamiento implementadas por los gobiernos, y señala que, con la mayor contracción en 70 años, la reducción en la demanda de energía a nivel mundial en 2020 tendría un impacto siete veces mayor que el de la crisis financiera de 2008.

Esta merma es causada, principalmente, por la caída en la demanda de energéticos de fuentes tradicionales, como el petróleo y el carbón; mientras que, por el contrario, las energías de fuentes renovables registraron una tendencia a la alza, impulsada, entre otros factores, por el aumento de la capacidad instalada, al despacho prioritario asociado a sus bajos costos operativos y al acceso preferencial a muchos sistemas de energía. De modo que ha podido observarse que la energía renovable presenta una mayor resistencia a los cambios en el nivel de la demanda.

Este escenario nos transporta a la situación actual de la política energética en México. El Centro Nacional de Control de la Energía (CENACE), operador del sistema eléctrico nacional, y la Secretaría de Energía (SENER) han publicado, respectivamente, dos acuerdos regulatorios[2] que tienen como objetivo establecer una ‘Política de Confiabilidad’ para garantizar la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) basada en los criterios como la seguridad, diversificación energética, suficiencia, y eficiencia económica, y que podrían tener implicaciones con respecto a la incorporación de las renovables a la matriz energética. Estos establecen limitaciones para los generadores de energías renovables, al restringir el otorgamiento de nuevos permisos de interconexión a la red, y establecer requisitos adicionales para las centrales eléctricas ‘limpias’, en virtud de factores como la congestión y la capacidad de la red a nivel regional.

Pero, ¿podrían las energías renovables representar una amenaza para la estabilidad y confiabilidad del sistema? Por el contrario, la incorporación de estas fuentes a la matriz energética nacional representa una oportunidad para alcanzar los objetivos y metas de la transición energética reconocidos en el marco jurídico nacional. Lo cierto es que, medidas como estas, sitúan a la política energética de nuestro país en sentido inverso a la tendencia internacional y lejos de un conjunto de acciones hacia la recuperación económica post COVID-19 que incluya una visión de sustentabilidad energética.

Ante el panorama mundial actual, resulta fundamental incluir a las energías renovables como parte de un plan integral de recuperación económica de los efectos de la pandemia, a través de propuestas concretas para la reactivación del sector y de medidas que permitan avanzar en la transición energética. Por lo tanto, vale la pena analizar ¿cuáles son las recomendaciones específicas de los organismos internacionales? y ¿qué medidas están adoptando los países en el proceso de recuperación post COVID?

Para la IEA, la disminución en la demanda de la energía y la consecuente disminución de las emisiones de CO2 con motivo de las medidas de confinamiento es transitoria, por lo cual, idear un escenario de sostenibilidad energética permanente requiere de un esfuerzo y compromiso continuos y de cambios estructurales en el sector. Una de las claves para la recuperación económica en Latinoamérica es incrementar la capacidad de inversión de los gobiernos, la cual se redujo fuertemente bajo las condiciones actuales, y apostar por nuevos recursos ante una inminente caída en los precios del petróleo y otros hidrocarburos que han ocasionado una incertidumbre crítica en el sector a nivel regional.

Esto incluye que los gobiernos orienten las inversiones en energía a través del diseño de paquetes de estímulo económico, y del aumento de las inversiones en desarrollo tecnológico, lo cual beneficiaría a sistemas de producción de energía más modernos, más resistentes y más limpios, estimularía la creación de empleos en el corto plazo y una mejora en la productividad y competitividad económica en el largo plazo. En sentido contrario, la política energética debería desincentivar el uso de tecnologías ineficientes y contaminantes, a través de la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles.

Energías renovables: aliadas en un plan de recuperación post Covid-19

De igual manera, la International Renewable Energy Agency (IRENA) sugiere que en los planes de recuperación económica se incluya la inversión en infraestructura e investigación que oriente una mayor participación de la energía renovable en el sistema eléctrico. Asimismo, plantea la aplicación de regulaciones al sector industrial con el fin de reducir la huella de carbono en las cadenas de producción. Finalmente, contempla programas de capacitación para los empleos derivados de la incorporación de las energías renovables en la economía. El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), es otra instancia que ha emitido sus recomendaciones sobre cómo aprovechar los impactos de la crisis de la COVID-19 en la economía y en el sector energético para replantear un ‘nuevo orden’ en la materia.

En América Latina, Chile es ejemplo al poner en marcha una serie de políticas energéticas que siguen las recomendaciones internacionales, a través de tres ejes principales: la incorporación de medidas de eficiencia energética y energía renovable a la infraestructura en edificaciones públicas de alto consumo energético, la implementación de programas de aprendizaje y certificaciones técnicas para que los trabajadores del sector renovable desarrollen capacidades de adaptación, y el impulso a la demanda de energías renovables a través del autoconsumo.

Todos estos factores y condiciones pueden ser utilizados a favor de la consolidación de un nuevo modelo energético más diversificado, resiliente y sustentable, y se espera que la política de los países que dependen en gran medida del petróleo, como lo ha sido México durante décadas, tengan un plan a largo plazo que contemple este cambio de paradigma[8]. Para cumplir con este propósito, es necesario vincular los esfuerzos de recuperación económica con el impulso a la transición energética, a través del uso más eficiente de la energía y del uso de fuentes renovables. Un esfuerzo coordinado entre los actores y las políticas públicas permitiría aprovechar las oportunidades que representa el escenario crítico en el que nos encontramos y conducir a un sector energético más sostenible.

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